Mar 272016
 

mobbingLos movimientos de Ciudadanos para debilitar a su competidor electoral, el PP. De momento ya han conseguido descabezar a la oposición interior exiliando, en un exilio dorado, eso sí, a Nozal unos kilómetros en dirección a Marbella, con más de 70.000 euros anuales a cargo de los contribuyentes. La segunda operación, cargarse a Burgos, la cosa ha sido más complicado porque no hay empleo para todos. El tercero u contable de la trama del PP en Mijas, Bravo, ya está siendo investigado por el negocio de las subastas.

Ya se conoce el nombre del cuarto…el responsable de las calles, Juan Carlos González”. En una nota Ciudadanos decía que “ya han esperado el tiempo prudencial para pedir responsabilidades al Partido Popular y solicitan que se retire al edil del gobierno municipal”. Todo ello antes de que empiece el juicio oral por un presunto delito de acoso laboral a un subordinado. En octubre de 2014, el jefe de policía local interpuso una denuncia en el juzgado de guardia de Fuengirola. Durante los casi 18 meses de instrucción, prestaron declaración diferentes testigos, resultando finalmente imputado el concejal del PP Juan Carlos González por “apropiación indebida y coacciones”. Y es que durante estos 18 meses denunciante y denunciando han compartido despacho, pared con pared, en la Jefatura de Policía Local de Mijas.
Para el PP, el caso en el que el juez ve indicios de delito no tiene importancia que al concejal Juan Carlos González solo se le acusa “por una mera disputa y discrepancia laboral con el actual jefe de la Policía Local, como ocurre en multitud de ocasiones entre cualquier jefe y subordinado”.
Lo que para el PP es una mera disputa laboral en el Código Penal español, aparece tipificado como violación al derecho a la dignidad personal (Art. 10), a la igualdad y a la no discriminación (Art. 14)
Derecho a la integridad física y moral (Art. 15) y al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen (Art. 18)
En el Código Civil los artículos 1902 y 1903, que hablan sobre la reparación del daño causado a una persona, ya sea por culpa o por negligencia. Las victimas de mobbing o acoso también pueden acogerse a los artículos 176 y 316 del Código Penal, que hablan sobre la protección de la salud e integridad física, y a la Ley Orgánica 14/1999, que trata sobre la protección a las víctimas de malos tratos.
En definitiva los representantes en el Gobierno municipal del PP recomiendan al municipio que sea cómplice, como hasta ahora lo ha sido, ya que la ley le obliga a “adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de sus empleados ante los riesgos derivados de su trabajo y los daños que pudiesen producirse. Por ello, el empresario es responsable directo si no adopta medidas que contribuyan a prevenir, frenar y corregir estos daños. “
Y es que, en definitiva, para el PP de Mijas, estos delitos son pecata minuta ¿Que diablos estarán acostumbrados a hacer estas gentes….?

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